El Tribunal Supremo (TS) de España ha anulado recientemente la modificación del Reglamento de Costas en respuesta a las alegaciones presentadas por las playas de Sagunt. Esta decisión judicial se ha basado en varias consideraciones importantes que afectan a la interpretación y aplicación de la normativa costera. Aquí hay un resumen de los puntos clave de la sentencia del TS:
Procedimiento Administrativo y Legalidad: El TS ha encontrado irregularidades en el procedimiento administrativo seguido para la modificación del Reglamento de Costas. Estas irregularidades pueden incluir falta de consultas adecuadas, incumplimiento de plazos legales o deficiencias en la motivación de los cambios propuestos.
Protección de Derechos: La sentencia subraya la necesidad de proteger los derechos de los propietarios y las comunidades locales afectadas por la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). En el caso de Sagunt, se alegó que la nueva delimitación afectaba negativamente a propiedades privadas y espacios de uso comunitario sin una justificación adecuada.
Criterios Técnicos y Científicos: El TS ha cuestionado la validez de los criterios técnicos y científicos utilizados para justificar la modificación del Reglamento de Costas. Esto incluye la evaluación de los datos geográficos y geomorfológicos empleados para redefinir la línea de costa y los métodos utilizados para medir el impacto ambiental.
Impacto Económico y Social: La sentencia también considera el impacto económico y social de la modificación reglamentaria. Las alegaciones de las playas de Sagunt argumentaron que los cambios propuestos tendrían consecuencias negativas para el desarrollo local, el turismo y la economía de la zona.
Principio de Proporcionalidad: El TS ha evaluado la proporcionalidad de las medidas adoptadas en la modificación del Reglamento de Costas, concluyendo que no se equilibraron adecuadamente los intereses públicos y privados. La anulación se basa en la consideración de que las medidas eran excesivas en relación con los objetivos perseguidos.
En resumen, la decisión del Tribunal Supremo de anular la modificación del Reglamento de Costas se fundamenta en la protección de los derechos de los afectados, la necesidad de un procedimiento administrativo adecuado y transparente, y la evaluación crítica de los criterios técnicos y científicos utilizados. Esta sentencia representa un precedente importante para futuras modificaciones de la normativa costera y subraya la importancia de un enfoque equilibrado y bien fundamentado en la gestión de las zonas costeras.
